Por razones prácticas

En el documento Contabilidad Nacional de España  Base 2008. Características metodológicas, fechado en Madrid, en octubre de 2011, el INE informa de lo siguiente:

Por motivos prácticos, en la nueva base 2008 se va a dar información de las ramas de actividad, con independencia de su condición de mercado o no de mercado. Este hecho supone un cambio con respecto a la difusión actual, si bien la mayor parte de las actividades de no mercado corresponden a la rama número 9 Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales. Realmente la parte de no mercado que queda fuera se extiende casi exclusivamente a la actividad de las Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares no incluida en dicha rama 9 y al servicio doméstico.

Como la CNE es la base de información de la Contabilidad Regional de España (CRE), esto significa que a partir de 2011 ya no sabremos que peso tienen los “servicios de no mercado” en la actividad económica española y de sus regiones. En todo caso, y de forma parcial, se podrá hacer un seguimiento a nivel de la economía española en su conjunto, a través de las tablas input-output:

Este detalle de información se aplicará únicamente a las tablas de origen y de destino de la economía española, que se difunden antes de terminado el tercer año posterior al de referencia.

(…) El mayor desglose con respecto a la clasificación de 64 ramas corresponde al detalle sobre la industria alimentaria (5 actividades), la textil (3 actividades), el detalle de las otras industrias de manufacturas, el transporte terrestre (3 actividades), la separación del alojamiento y la restauración y, finalmente, al desglose entre mercado y no mercado en la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Es decir, que “por motivos prácticos”, a partir de ahora hay menos información estadística sobre un aspecto fundamental de la vida social, la distribución del trabajo social (es decir todo el trabajo humano actual y pasado –máquinas- disponible para producir bienes y servicios útiles para la colectividad) en actividades de mercado y de no mercado. Esta distinción tiene una importancia capital para rastrear en las estadísticas la dinámica de la acumulación capitalista y la evolución de la estructura social.

A partir de ahora, por ejemplo,  por razones prácticas no se podrán utilizar los datos de la CRE para identificar si existen diferencias políticas reales en los gobiernos de las comunidades autónomas, por cuanto el peso relativo de los “servicios de no mercado” es un indicador importante de la socialización de los recursos, un buen termómetro para identificar en qué medida existen prácticas sociales conscientes de transformación del capitalismo hacia una economía no mercantil, post-capitalista, por cuanto la socialización creciente “inconsciente” está implícita en el propio desarrollo jurídico y económico (sociedades anónimas,, centralización de capitales) que acompaña al proceso de acumulación capitalista. (El trabajo doméstico, que refleja formas pre-capitalistas de asignación del trabajo social, tiene una importancia marginal).

Así, ya no va a ser posible elaborar una tabla como la siguiente:

Teniendo en cuenta diversas cautelas como por ejemplo el nivel de desarrollo relativo (modernización) del mercado por regiones, que tiene una relación inversa con el peso de los servicios de no mercado (Madrid, Cataluña, País Vasco vs Extremadura o Canarias), o la coyuntura de crisis que reduce la dimensión de la asignación mercantil capitalista del trabajo social y genera un efecto estadístico favorable al trabajo asignado por vías no mercantiles), el análisis de la tabla anterior permite extraer conclusiones muy interesantes que aquí solo dejo parcialmente apuntadas:

  • En la dinámica social tiene más peso la estructura del Estado como “estado mayor” que como “estado de bienestar” (Ceuta, Melilla)
  • El mítico “Estado catalán” tiene una base de partida y una proyección menor que un hipotético “Estado riojano”
  • El gobierno a largo plazo del PSOE genera un mayor espacio para la asignación democrática (política) del trabajo social que la actuación a largo plazo del PP (Andalucía vs Murcia; Castilla-La Mancha vs Castilla La Nueva, Asturias vs Galicia…).
  • La dinámica estructural que generan los gobiernos del PP es mucho menos neoliberal que la de CiU

Este es el tipo de análisis que “por motivos prácticas” el INE considera poco relevantes.

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Valor y precio del ladrillo

La sobrevaloración de los activos de las entidades de crédito aparece como el factor número uno en la generación de desconfianza internacional hacia la solvencia del sistema financiero español, y es la causa principal del sobrecoste que pagan empresas y administraciones en la obtención de crédito internacional.

 Sin embargo, no parece que sea muy complicado estimar de una vez cual es la dimensión de esa sobrevaloración. En el caso de los activos vinculados al sector de la construcción, que son el grueso de esa sobrevaloración,  basta con restar al precio en el balance de dichos activos (crédito a la construcción y promotores más activos físicos acumulados por impagos) el valor real de los mismos. La diferencia es el monto de la sobrevaloración de los activos del ladrillo en las entidades de crédito. En el caso de los créditos a particulares por la compra de vivienda, hay que tener en cuenta la cláusula contractual que especifica que la deuda no se salda con el bien utilizado como colateral o garantía, normalmente la vivienda, sino con el pago del importe total del crédito, cláusula legal que convierte en siervos de los bancos a los hipotecados. En el caso del crédito al consumo de ladrillo, por tanto, lo que hay que estimar es solamente la mora presente y la prevista, y estimar la diferencia entre el precio al que se contrajo el crédito y se tasó la vivienda, y su valor real.

 Pero aquí hay un problema, no tanto de información cuanto ideológico: la doctrina oficial capitalista, vigente desde la instauración del predominio del marginalismo a finales del siglo XIX, considera  anatema distinguir entre valor y precio.  Esta doctrina metafísica sostiene que solo existen los precios de mercado. Y estos solo se manifiestan cuando se encuentran ofertas y demandas. Si las entidades de crédito retienen en sus balances los activos físicos (suelo, promociones inmobiliarias y viviendas) y no los sacan al mercado, el precio que se manifiesta no es el que corresponde a la oferta real.

 Pero si nos libramos del corsé del pensamiento oficial, no es tan complicado hacer una estimación de la diferencia entre el precio y el valor de los activos del sector; su dimensión, que precio tienen en los balances y cuanto valen en realidad.

 Para un análisis general grosso modo, nos sirven los datos de las entidades de crédito que ofrece el boletín estadístico del Banco de España, y la información sobre evolución de los precios y costes en la construcción del Ministerio de Fomento, resumida en las estadísticas de la construcción del INE.

 El peso del ladrillo en los balances de las entidades de crédito.

 A diciembre de 2011, el crédito a la construcción y promoción inmobiliaria alcanzaba  los 397 mil millones de euros, el 42% de la financiación comprometida con las actividades productivas

 Este no es todo el crédito comprometido con el ladrillo; por ejemplo la financiación a la industria del vidrio, cerámica y materiales de construcción, con 12 mil millones de euros a finales del año pasado, también está comprometida por la crisis del sector, pero este es otro problema (el de la evolución de la mora bancaria) que si bien está relacionado con el que nos ocupa, se puede diferenciar de este.

 Por su parte, el crédito para la adquisición de viviendas (con y sin garantía hipotecaria) se eleva a 627 mil millones de euros, el 79% del crédito a las familias. Un 98% de los créditos para compra de vivienda son con garantía hipotecaria.

 Este enorme volumen de crédito al ladrillo es el resultado de una burbuja especulativa, en la que están implicadas entidades de crédito y promotores inmobiliarios, con el visto bueno de los supervisores bancarios y las autoridades públicas. Como se muestra en los gráficos siguientes, el peso del crédito al ladrillo en los préstamos a particulares subió del 38% al 59% del total entre 1994 y 2011. De un tercio a más de la mitad: esa es la evolución irresponsable del mercado de crédito a empresas y familias, que nadie se atrevió a atajar a tiempo.

 

Esta burbuja inmobiliaria se produce en un contexto de aumento espectacular del peso del crédito en la economía. Como se ve en la tabla siguiente, las empresas pasaron de necesitar 1,5 euros de crédito por cada euro de valor añadido a necesitar más de tres euros de crédito para producir un euro; las familias, se endeudaban en algo menos de un euro por cada euro de valor añadido a mediados de los noventa; ahora están endeudadas en 2,9 euros por cada euro de valor económico generado en al economía.

 

Estimando la mora del ladrillo

  Un 3% del crédito a la compra de viviendas se clasifica como dudoso. Lo que es dudoso es que este porcentaje refleje la pérdida potencial del crédito a la vivienda, pues el desempleo masivo reduce la capacidad de pago de los siervos de la gleba bancaria. Las correcciones de valor por deterioro de activos del crédito a otros sectores residentes acumuladas por la banca a finales de 2011 alcanzaban los 51 mil millones de euros, 6,5 mil millones asociados a la construcción y 3,2 mil millones a adquisición de viviendas, apenas el 19% del total de dudosos, lo cual dice bastante de las reticencias de la banca a declarar su valor real.

 Teniendo en cuenta que los créditos dudosos para las actividades productivas alcanzan el 11% del total de préstamos, y para el conjunto del crédito a empresas y familias se sitúa en el 8%, no parece descabellado estimar en un 10% los créditos a la adquisición de vivienda que no se van a cobrar, y que solo permitirán a las entidades quedarse con la vivienda usada como garantía. Estamos hablando de unos 61 mil millones de euros. Un análisis más pormenorizado tendría que descontar la parte abonada de los créditos, la diferencia entre el precio de tasación y el importe de los créditos otorgados… pero para los efectos, la cifra anterior puede ser un buen  indicador aproximado del crédito a la adquisición de viviendas sobrevaluado. La gran estafa que supone tener que seguir quince o veinte años pagando una vivienda cuyo valor es la tercera parte de lo que hay que abonar al banco, es parte de una reflexión más amplia que la de esta nota.

Evolución de precios y costes.

 Para calcular la sobrevaloración de los activos de crédito, hay que conocer el coste de producción de los bienes subyacentes, en este caso, la construcción. Por su peso en el total del sector, para esta estimación general, podemos basarnos en los costes en la construcción de viviendas.

 Entre enero de 1995 y junio de 2011 el coste de la mano de obra en el sector aumentó en un 50% en términos nominales, y el cemento en un 30%. Otros materiales incrementaron su precio entre un 25% (el aluminio) y un 460% (los ligantes). Para el caso, podemos estimar un incremento nominal en los costes de producción de un 50%.

 Sin embargo, en dicho periodo los precios medios de las viviendas nuevas se incrementaron en un 160%. Dando por adecuados los precios en 1995, y aplicándole un aumento del 50% en los costes de producción, el metro cuadrado de nueva construcción tendría hoy un valor medio de unos 1.000 euros, cuando en febrero de 2012 mantenía  todavía un precio medio de 1.650 euros el metro, habiendo superado los 2.000 euros en los años 2007 y 2008, como se refleja en el gráfico siguiente.

Sobrevaloración de los activos bancarios

 Por lo tanto, la cifra “gruesa” de sobrevaloración de los activos del ladrillo alcanza por lo menos un 50% del precio en libros (el precio reconocido en la contabilidad de las entidades de crédito, tanto para sus activos físicos como para las mercancías subyacentes al crédito concedido, para fabricarlas o para compararlas).

 El precio contable de la suma del crédito al ladrillo (construcción, promoción y compra), que se refleja en los balances de las entidades de crédito se eleva a 1.023.372.847.000 euros, aproximadamente el equivalente al PIB anual de la economía española.  Pero su valor real es, con la estimación realizada de unos 500 mil millones de euros.

 Como es previsible que la servidumbre bancaria haga que al menos el 90% de los créditos a la compra de vivienda se sigan abonando, podemos diferenciar entre el crédito a la producción y el crédito a la adquisición de viviendas.

 En el caso del crédito a la construcción (99 mil millones) y a la promoción inmobiliaria (298 mil millones),  habría unos 198 mil millones de euros de crédito vivo asociado no al valor de la construcción emprendida, sino al sobreprecio que se le imputaba por bancos y promotores al alimón. Se puede esperar que la mayor parte, sino la totalidad de esa cifra se convertirá en créditos impagados, transformados en activos físicos (suelo, construcciones a medio terminar y viviendas sin vender) y en pérdidas en los balances de las entidades de crédito.

 En el caso del crédito para la adquisición de viviendas propias, de 627 mil millones de euros, estimamos que 63 mil millones se dejarán de abonar y se transforman en activos físicos (las viviendas hipotecadas) en los balances de las entidades de crédito, sobrevalorados en  unos 31 mil millones de euros.

 Por lo tanto, la sobrevaloración de los activos de las entidades de crédito (es decir de su valor real) en lo relativo a la exposición al ladrillo, es al menos de 198+31 = 230 mil millones de euros).  Algo más del 20% del PIB español. En este orden de magnitud se sitúa lo que todavía nos va a costar a los contribuyentes españoles sanear la banca para mantenerla como un negocio privado.

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Transparencia asimétrica

El gobierno español ha sometido a consulta pública un Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,  supuestamente orientado a “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.”

Veamos un caso concreto de como se practica la postulada transparencia informativa. En el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, el gobierno ha decidido, sin debate de ningún tipo -lo cual no es contradictorio con la política perseguida, que habla de información, no de participación-, que el tabaco para liar cigarrillos pagará los mismos impuestos que la picadura para liar. Lo cual es publicado para general información, en el Boletín Oficial del Estado, en estos términos:

“…en primer término se efectúa una serie de ajustes técnicos en la norma, no solo por lo que se refiere a la modificación de la redacción de los diferentes epígrafes de la tarifa del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, sino también por la modificación de la definición de tabaco para fumar, en el sentido de asimilarlo a la picadura para liar cuando haya sido vendido o destinado a la venta para liar cigarrillos ya que debe recibir el mismo trato este tabaco para fumar que la picadura fina para liar, en aras de una imposición justa y uniforme, todo ello en sintonía con el ordenamiento comunitario.”

Tambien informa que va a aumentar el impuesto a los cigarrillos sueltos, incluso vendidos por paquetes, lo cual se dice así:

“Por otra parte y para el caso de los cigarrillos, el análisis de las recientes dinámicas de mercado en el contexto económico actual aconseja una revisión del elemento porcentual del impuesto vinculado al precio en relación con el elemento específico determinado por unidad de producto; por este motivo se ha procedido a revisar la estructura del Impuesto incrementando el peso del componente específico frente al componente «ad valorem», que al tiempo se ha reducido en dos puntos, y ello con el objeto de alcanzar una combinación más equilibrada de elementos, en la estructura mixta del impuesto especial sobre estas labores del tabaco.”

Es posible que el gobierno, como buen practicante de la ideología neoclásica, considere que la mejor información es la que se obtiene a través del sistema de precios: cuando el fumador se acerque al estanco a comprar tabaco o cigarrillos, será informado de la decisión adoptada por el gobierno en el momento del pago.

En el mismo Real decreto-Ley se incluye la disposicion adicional primera referida a la declaración tributaria especial, por la cual se establece que los bienes o derechos generadores de rentas no declarados, podrán regularizar su situación tributaria pagando solamente un 10% sobre el precio (mal denominado valor en el decreto ley) de adquisición de dichos bienes o derechos.

Todavía la oposición insiste (erróneamente) en que esta disposición supone una “amnistía fiscal”, y el gobierno insiste (correctamente) en que no es ninguna amnistía, sino un proceso de afloración o regularización de riqueza y renta sumergidas. De lo que no ha hablado el gobierno, ni en rueda de prensa ni en el Parlamento, es de la disposición final primera de Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que en su artículo uno dice lo siguiente:

Uno. Se introduce un nuevo apartado 2 en el artículo 180, renumerándose los actuales 2 y siguientes, con la siguiente redacción:
«2. Si la Administración tributaria estimase que el obligado tributario, antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, ha regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, la regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, y la Administración podrá continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal.
Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación.»

Es decir, el gobierno de la nación no solamente ha decretado una amnistía fiscal para todo tipo de deudas tributarias, sino que se ha cargado literalmente la independencia del poder judicial, al decretar que incluso cuando haya prescrito el derecho de la administración tributaria a exigir el abono de las deudas tributarias, se arroga el derecho de suprimir la responsabilidad penal al margen (y al parecer impidiendo) la intervención del poder judicial. Solamente leyéndose el decreto-ley es posible entender que efectivamente hay una amnistía fiscal, pero no donde se decía que estaba.

Todo esto hace referencia a la selección de la información más o menos explicita en la comunicación del gobierno con la sociedad, y a la jerigonza con que se adorna hasta el ocultamiento las decisiones que afectan a los ciudadanos, en un medio (el BOE) destinado al consumo nacional. Este lenguaje contrasta sobremanera con la claridad que se emplea cuando se trata de dirigirse al poder oligárquico. Cuando hay que informar a las autoridades de Bruselas o a “los mercados”, las cosas se ponen blanco y en botella. A continuación un ejemplo:

Después de habernos vendido a los españoles que el desvío en el déficit público el año pasado es por culpa del derroche y el exceso de gasto irresponsable de las Comunidades Autónomas con la bendición de Zapatero, a los mandamases se le aclara bien la cosa: la culpa es de la caída de los ingresos:

“el origen de la desviación se centró en los ingresos. Tomando conjuntamente los ingresos corrientes y de capital (en términos de Contabilidad Nacional) y considerando como referencia las previsiones del anterior Programa de Estabilidad, 22.900 millones de euros de una desviación de 26.200 se debieron a éstos. Dentro de ellos, destacó la desviación registrada en impuestos sobre la producción e importaciones (10.200 millones), impuestos directos sobre la renta y la riqueza (4.400 millones) y contribuciones sociales (3.100 millones). En el capítulo de gasto, se observó una desviación de unos 2.600 millones en consumos intermedios, de 1.000 en remuneración de asalariados públicos y de 2.000 en gastos por intereses.
Dicha desviación se produjo como consecuencia, en parte, del contexto económico nacional e internacional de menor crecimiento económico y de mayores tensiones financieras respecto a lo previsto en la elaboración del Programa de Estabilidad. Así, frente a una previsión del 1,3% en 2011, el PIB real creció en ese año un 0,7%, lo que condujo a un sensible deterioro del empleo que se redujo un 2%, frente a una previsión de aumento del 0,2%. Los efectos de esa situación sobre las cuentas públicas se han traducido, sobre todo, en unos ingresos por impuestos y cotizaciones sociales muy inferiores a los previstos.”.

Los párrafos anteriores están incluidos en la página 28 del informe de Actualización del programa de estabilidad 2012-2015, documento que junto con el Programa Nacional de Reformas 2012 , constituye el verdader programa de gobierno, pese a que tampoco esto se afirme con la claridad que merce.

Estos ejemplos muestran como los flujos de información son conscientemente asimétricos, lo cual contrasta vivamente con los modelos de información y racionalidad con los que se alimenta el imaginario social colectivo, que parten de suponer simetrías de base que en todo caso, si no se verifican será por disfuncionalidades técnicas en los procesos económicos y sociales externas a su constitución. Estos ejemplos apuntan por el contrario a una dominación de la información por parte del poder, que si no se toma en cuenta deriva, como ocurre, en un confusionismo pseudocientifico e idealista.

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Asimetrías (¿o excesos?) de información

Los ingleses nos han explicado a los españoles los desastres de la guerra civil, y ahora nos quieren explican los desastres de nuestra deuda. en su documentado blog, Edward Hugh dice que la medida correcta de la deuda pública no es la que establece el protocolo de déficit excesivo (PDE) del pacto de estabilidad de la Eurozona, sino que habría que incluir las facturas pendientes de pago, la deuda de lss empresas públicas y la deuda detenida por el fondo de reserva de la seguridad social.

La deuda por estos conceptos alcanza (actualizando los datos del Banco de España que aporta Hugh adiciembre de 2011)  los 197.190 millones de euros, que habría que añadir a los 734.961 millones de duda pública que reconoce el PDE (la fuente que  Hugh utiliza el capítulo  11.3 del boletín estadístico del Banco de España: pasivos en circulación y deuda según el PDE).

El siguente gráfico muestra la evolución de los pasivos públicos totales y la deuda pública según el PDE:

Ahora, si uno quiere averiguar cual es el importe de la deuda pública de los demás países de la UE no contemplada en el PDE, y acude a las estadísticas de Eurostat, se encuentra con algunas “curiosidades” que al parecer, al británico Hugh no le interesan especialmente:

* si se ven los datos anuales, y se elige ver los pasivos públicos (general government)  todos los años de la serie,  resulta que a) la mayoría de paises presentan datos a partir de 1995; España dispone de datos desde ¡1980!. Gran Bretaña no dispone de información consolidada de los pasivos financieros públicos ¡para ningún año! España aporta esa información desde 1980.

* si se ven los datos trimestrales, disponibles solo desde el último trimestre de 1998, y eligiendo ver los pasivos (liabilities) resulta que Francia tiene un retraso de ¡un año! respecto a los demás países en el suministro de la información, pues solo conocemos los datos de diciembre de 2010, cuando la mayoría de paises ya han aportado la información de septiembre 2011.

La teoría económica neoclásica ha querido salir del bloqueo analítico a que la ha llevado el pésimo funcionamiento del muy libre mercado financiero global, hablando de asimetrías de información: que unos agentes dispongan de más información que otros hace que se engañen unos a otros y que las decisiones basadas en expectativas racionales no sean óptimas, en un alejamiento del óptimo mayor cuantas más deficiencias en la información de que dispone el agente de turno. Sin embargo, España, es un buen caso de estudio, para demostrar que suministrar demasiada información a unos agentes financieros dedicados a asignar los recursos en función de la obtención del beneficio privado by any means necessary (disculpas a Malcolm X) no solo no acerca al óptimo, sino que te coloca a los pies de los caballos financieros. Gran Bretaña, con unos pasivos financieros públicos  en 2010 (no consolidados) del 127% del PIB (España 76,6%) sabe lo importante que es tener información ajena y ocultar la propia. Francia, con unos pasivos públicos en 2010 (consolidados) del 95,1% del PIB (España 67,1%) y con unas facturas pendientes de pago consolidadas por importe del 6,1% del PIB ese año (España  4,8%), que no computan para calcular la deuda por el PDE, sabe lo importante que es retrasar la información para que el capital depredador se fije en otras piezas de caza, sobre todo en año electoral.

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¿Salir del euro?

El siguiente gráfico muestra la evolución del tipo de cambio de la moneda nacional española (peseta/euro) respecto al euro y al dólar (líneas. eje izquierdo) y el saldo de la balanza comercial de bienes en porcentaje del PIB respecto a la UE y al resto del mundo (columnas, eje derecho). Los datos proceden de la base de datos AMECO.

Con este gráfico podemos contrastar si se cumple la idea que subyace en el argumento de los partidarios de salir de la moneda europea y recear una moneda nacional: que mediante la devaluación de esta, se consigue recuperar competitividad.

Incluso sin tomar en consideración la situación de la deuda externa (denominada en monenda europea y que con la nueva moneda nacional y consiguiente devaluación de esta, pasaría a tener un importe -en moneda nacional- mucho más elevado), la gráfica muestra con claridad varias cosas:

* Cundo en 1973 se firmaron los acuerdos preferenciasles con la CEE, la economía española ganó competitividad respecto a Europa, y la perdió frente al resto del mundo (el impacto de la crisis del petróleo explica este segundo aspecto)

* La incorporación de España a la UE y el arancel comunitario revirtiron estas ganancias de competitivdad, y perjudicaron seriamente la balanza comercial con Europa.

* Entre los acuerdos preferenciales y la incorporación a la UE, la devaluación de la peseta contribuyó a mejorar la balanza comercial con Europa, pero la devaluación respecto al dólar, mucho más profunda, no mejoró la balanza respecto al resto del mundo (de nuevo, la dependencia de las importaciones de materias primas explica esta rigidez-precio de las importaciones extracomunitarias)

* Una vez dentro de la UE, la variación del tipo de cambio en relación con las monedas europeas no tiene una correlación directa con el saldo comercial (la peseta se revaluó entre 1986 y la crisis de 1992, y en ese lapso de tiempo el saldo comercial con la UE primero empeora y luego mejora).

* Con el cambio de la peseta por el euro, el tipo de cambio mejora respecto al dólar (resto del mundo) pero no se correlaciona de forma clara con el saldo comercial con el resto del mundo. Y el tipo de cambio fijo es compatible con un empeoramiento del saldo comercial con la UE (hasta 2007) y con la mejora posterior (hasta 2011).

Por lo tanto, plantear la salida del euro como una medida central en una estrategia de mejora de la posición comercial española en el mundo no parece lo más conveniente, ya que su impacto en la balanza comercial a medio y largo plazo es poco claro.

(y con estas reflexiones,  damos por inaugurado este blog)

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