Transparencia asimétrica

El gobierno español ha sometido a consulta pública un Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,  supuestamente orientado a “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.”

Veamos un caso concreto de como se practica la postulada transparencia informativa. En el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, el gobierno ha decidido, sin debate de ningún tipo -lo cual no es contradictorio con la política perseguida, que habla de información, no de participación-, que el tabaco para liar cigarrillos pagará los mismos impuestos que la picadura para liar. Lo cual es publicado para general información, en el Boletín Oficial del Estado, en estos términos:

“…en primer término se efectúa una serie de ajustes técnicos en la norma, no solo por lo que se refiere a la modificación de la redacción de los diferentes epígrafes de la tarifa del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, sino también por la modificación de la definición de tabaco para fumar, en el sentido de asimilarlo a la picadura para liar cuando haya sido vendido o destinado a la venta para liar cigarrillos ya que debe recibir el mismo trato este tabaco para fumar que la picadura fina para liar, en aras de una imposición justa y uniforme, todo ello en sintonía con el ordenamiento comunitario.”

Tambien informa que va a aumentar el impuesto a los cigarrillos sueltos, incluso vendidos por paquetes, lo cual se dice así:

“Por otra parte y para el caso de los cigarrillos, el análisis de las recientes dinámicas de mercado en el contexto económico actual aconseja una revisión del elemento porcentual del impuesto vinculado al precio en relación con el elemento específico determinado por unidad de producto; por este motivo se ha procedido a revisar la estructura del Impuesto incrementando el peso del componente específico frente al componente «ad valorem», que al tiempo se ha reducido en dos puntos, y ello con el objeto de alcanzar una combinación más equilibrada de elementos, en la estructura mixta del impuesto especial sobre estas labores del tabaco.”

Es posible que el gobierno, como buen practicante de la ideología neoclásica, considere que la mejor información es la que se obtiene a través del sistema de precios: cuando el fumador se acerque al estanco a comprar tabaco o cigarrillos, será informado de la decisión adoptada por el gobierno en el momento del pago.

En el mismo Real decreto-Ley se incluye la disposicion adicional primera referida a la declaración tributaria especial, por la cual se establece que los bienes o derechos generadores de rentas no declarados, podrán regularizar su situación tributaria pagando solamente un 10% sobre el precio (mal denominado valor en el decreto ley) de adquisición de dichos bienes o derechos.

Todavía la oposición insiste (erróneamente) en que esta disposición supone una “amnistía fiscal”, y el gobierno insiste (correctamente) en que no es ninguna amnistía, sino un proceso de afloración o regularización de riqueza y renta sumergidas. De lo que no ha hablado el gobierno, ni en rueda de prensa ni en el Parlamento, es de la disposición final primera de Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que en su artículo uno dice lo siguiente:

Uno. Se introduce un nuevo apartado 2 en el artículo 180, renumerándose los actuales 2 y siguientes, con la siguiente redacción:
«2. Si la Administración tributaria estimase que el obligado tributario, antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, ha regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, la regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, y la Administración podrá continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal.
Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación.»

Es decir, el gobierno de la nación no solamente ha decretado una amnistía fiscal para todo tipo de deudas tributarias, sino que se ha cargado literalmente la independencia del poder judicial, al decretar que incluso cuando haya prescrito el derecho de la administración tributaria a exigir el abono de las deudas tributarias, se arroga el derecho de suprimir la responsabilidad penal al margen (y al parecer impidiendo) la intervención del poder judicial. Solamente leyéndose el decreto-ley es posible entender que efectivamente hay una amnistía fiscal, pero no donde se decía que estaba.

Todo esto hace referencia a la selección de la información más o menos explicita en la comunicación del gobierno con la sociedad, y a la jerigonza con que se adorna hasta el ocultamiento las decisiones que afectan a los ciudadanos, en un medio (el BOE) destinado al consumo nacional. Este lenguaje contrasta sobremanera con la claridad que se emplea cuando se trata de dirigirse al poder oligárquico. Cuando hay que informar a las autoridades de Bruselas o a “los mercados”, las cosas se ponen blanco y en botella. A continuación un ejemplo:

Después de habernos vendido a los españoles que el desvío en el déficit público el año pasado es por culpa del derroche y el exceso de gasto irresponsable de las Comunidades Autónomas con la bendición de Zapatero, a los mandamases se le aclara bien la cosa: la culpa es de la caída de los ingresos:

“el origen de la desviación se centró en los ingresos. Tomando conjuntamente los ingresos corrientes y de capital (en términos de Contabilidad Nacional) y considerando como referencia las previsiones del anterior Programa de Estabilidad, 22.900 millones de euros de una desviación de 26.200 se debieron a éstos. Dentro de ellos, destacó la desviación registrada en impuestos sobre la producción e importaciones (10.200 millones), impuestos directos sobre la renta y la riqueza (4.400 millones) y contribuciones sociales (3.100 millones). En el capítulo de gasto, se observó una desviación de unos 2.600 millones en consumos intermedios, de 1.000 en remuneración de asalariados públicos y de 2.000 en gastos por intereses.
Dicha desviación se produjo como consecuencia, en parte, del contexto económico nacional e internacional de menor crecimiento económico y de mayores tensiones financieras respecto a lo previsto en la elaboración del Programa de Estabilidad. Así, frente a una previsión del 1,3% en 2011, el PIB real creció en ese año un 0,7%, lo que condujo a un sensible deterioro del empleo que se redujo un 2%, frente a una previsión de aumento del 0,2%. Los efectos de esa situación sobre las cuentas públicas se han traducido, sobre todo, en unos ingresos por impuestos y cotizaciones sociales muy inferiores a los previstos.”.

Los párrafos anteriores están incluidos en la página 28 del informe de Actualización del programa de estabilidad 2012-2015, documento que junto con el Programa Nacional de Reformas 2012 , constituye el verdader programa de gobierno, pese a que tampoco esto se afirme con la claridad que merce.

Estos ejemplos muestran como los flujos de información son conscientemente asimétricos, lo cual contrasta vivamente con los modelos de información y racionalidad con los que se alimenta el imaginario social colectivo, que parten de suponer simetrías de base que en todo caso, si no se verifican será por disfuncionalidades técnicas en los procesos económicos y sociales externas a su constitución. Estos ejemplos apuntan por el contrario a una dominación de la información por parte del poder, que si no se toma en cuenta deriva, como ocurre, en un confusionismo pseudocientifico e idealista.

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